Ministros de la Suprema Corte le enmienda la plana y AMLO responde con decreto

Los ministros echaron abajo el decreto que permitía al Ejecutivo etiquetar obras públicas como seguridad nacional, lo que le servía de escusa para no transparentar información y darle prioridad a su ejecución

Ciudad de México.

- El plano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto presidencial que permitía al Poder Ejecutivo etiquetar las obras públicas del sexenio como seguridad nacional, lo que le servía de argumento para no transparentar la información emanada.Los ministros de la Corte tomaron el caso por la controversia inconstitucional promovida por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra el Ejecutivo; el Instituto demandó la invalidez del decreto, en el que se llama a las dependencias federales a “realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

El mandato presidencial le daba facultades al gobierno a no informar y transparentar cualquier dato o información, alegando que dar a conocer los detalles pondría en riesgo al país, en un argumento que los juristas y expertos en transparencia nunca dieron como válido.

.La votación, que terminó ocho a favor y tres en contra, determinó que el decreto es inconstitucional porque “obstaculizó e inhibió” el derecho de acceso a la información de cualquier ciudadano, lo que asfixiaba el principio de transparencia gubernamental.

.En otra votación, también consideró inconstitucional el otorgamiento de autorizaciones provisionales de dictámenes, licencias, permisos y estudios necesarios para el comenzó de proyectos y obras de forma expedita, ya que esto creó incertidumbre sobre las obligaciones que la ley puntualiza.

Fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien propuso la invalidación del Artículo Primero del decreto, en donde se declara “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos, y aquellos que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Sobre esto, el ministro Javier Laynez consideró que sería ingenuo ignorar que la consecuencia del decreto no es sino reservar información y la autorización para adjudicar directamente las diferentes obras.

Intensidad En la discusión, fue notorio que el ministro Arturo Zaldívar y las ministras Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz estaban en contra del resto de sus compañeros e intentaron defender su posición para respaldar la idea presidencial, lo que caldeó los ánimos entre los juristas.

No puedo compartir esta lógica.

Esta Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades (…) Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no en las conjeturas”, dijo Zaldívar.

Al respecto, el ministro Laynez aseguró que negar que “seguridad nacional” no tiene impacto para afectar la transparencia y las adquisiciones “me parece muy difícil o muy ingenuo”.

“Yo no sé si fue el objetivo, ni si eso se buscó, pero la consecuencia sí es esa.

Nada más faltaba que hubiera dicho ‘y por lo tanto se reserva y se pueden hacer adjudicaciones directas’”, expuso.

Ante tales palabras, la ministra Ortiz se defendió: “No somos ingenuos, no somos ingenuos”.

Nuevo decreto Pese a que la Corte ya dejó en claro su inconstitucionalidad, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde etiqueta al Corredor Interoceánico, aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal, además del Tren Maya como de “seguridad nacional” y de “interés público”.

Aún cuando la resolución de los ministros determinó que estos decretos están fuera del marco constitucional, el presidente insistió y dobló su apuesta, en una disputa más con el Poder Judicial, con el que se ha cebado en las últimas semanas, apoyando incluso la idea de reformarlo y someter a votación popular la elección de los ministros.

.No puedo compartir esta lógica.

Esta Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades”, Arturo Zaldívar, Ministro.

Fuente: Tribuna .

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